Con la globalización, el poder de las multinacionales es creciente y cada vez más monopolizado. La Organización Mundial del Comercio (OMC), que del 10 al 13 de diciembre celebra en Buenos Aires su XI Conferencia Ministerial, y los acuerdos bilaterales de liberalización comercial, como el que se negocia actualmente entre la UE y MERCOSUR, tienen como objetivo construir paso a paso un mercado “libre” y especulativo a nivel mundial, también en la agricultura y la alimentación, para llevar las producciones sin oposición alguna de un lugar a otro del mundo y localizarlas en el sitio que ofrezca el menor coste. Este principio entra en el reparto del trabajo a nivel internacional: cada zona del mundo (o la que pueda) se especializa en aquel sector que le permita producir a un menor coste respecto al resto sin importar los impactos sociales o medioambientales y vulnerando derechos humanos básicos, como el de la alimentación. Las políticas decididas en la OMC y los Tratados de Libre Comercio destruyen el modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en España y en la UE, al tiempo que fomentan una agricultura especulativa, especializada por sectores y orientada a la exportación.
Un modelo comercial dominante que, por otra parte, se niega a reconocer que los recursos tierra y agua son limitados en un contexto marcado por el cambio climático. Y que además se están perdiendo a marchas forzadas como consecuencia de la expansión del urbanismo especulativo, las infraestructuras viarias y la desertización. Según la FAO, en los últimos 15 años se ha retrocedido en superficie agraria útil, y una cuarta parte de la superficie agraria mundial ha perdido su potencial productivo por degradación y desertificación. Esto deviene en una carrera especulativa de acaparamiento de tierras fértiles y de los recursos hídricos en países vulnerables por parte de los países desarrollados y las potencias emergentes. En la última década se han acaparado 80 millones de hectáreas de tierra, el 60% en África y otra buena parte en América del Sur, vinculadas a la sobreexplotación de agua del subsuelo. Paradójicamente, buena parte de dicha superficie no se está destinando a la alimentación de las poblaciones locales, sino a agrocombustibles, fibras textiles o monocultivos para la exportación, con enormes costes energéticos y ambientales por el transporte a largas distancias, que no se visibilizan en los cálculos de eficiencia. Cada día se hace más palpable la paradoja de una liberalización comercial que supuestamente debería beneficiar a las sociedades en su conjunto, generar riqueza y favorecer el desarrollo – o al menos eso argumentan quienes la promueven–, pero que en la práctica sólo beneficia a aquellos que manejan el comercio y destruyen los recursos naturales. Tal y como muestra el último Informe sobre el Comercio Mundial, “el 80% de las exportaciones de los Estados Unidos son gestionadas por el 1% de los grandes exportadores; el 85% de las exportaciones europeas están en manos del 10% de los grandes exportadores y el 81% de las exportaciones se concentra en las 5 principales empresas exportadoras en países en vías de desarrollo”.
No es difícil entender porqué el mercado mundial, en su amplitud, requiere grandes cantidades uniformizadas en cuanto a gusto, forma y duración. Hoy la UE, junto con los gobiernos, están depositando las decisiones sobre la agricultura y la alimentación en manos de las grandes transnacionales que actúan y dominan los mercados internacionales. Los ciudadanos estamos perdiendo la Soberanía Alimentaria, nuestro derecho a decidir sobre el modelo de agricultura y alimentación.
De ahí, que desde COAG mantengamos que la agricultura y la alimentación no pueden seguir formando parte de las negociaciones y tratados de libre comercio en el seno de la OMC. No pueden ser tratadas como elementos especulativos de los mercados, al mismo nivel que fondos de pensiones, coches o microchips. Debe respetarse y recuperarse la Soberanía Alimentaria de los países, posibilitando un modelo de agricultura sano, sostenible, generador de vida y que respete el derecho innegociable a la alimentación en todas partes del planeta. Es en este contexto en el que COAG defiende el principio de Soberanía Alimentaria, como facultad legítima de los Estados para establecer sus propias políticas agrarias y de alimentación en base a estrategias de seguridad alimentaria, sostenibilidad de la producción y equilibrio respecto a la dependencia de los mercados globales. Ello implica la capacidad de proteger el mercado doméstico y el rechazo del dumping en las exportaciones agroalimentarias, resaltando la relación que tiene la importación de alimentos baratos desde países terceros con el debilitamiento de la producción y de la población agraria local. No se puede avalar un sistema de comercio que no valore a los productores de alimentos, que no respete sus derechos y que amenace su sustento, poniendo en riesgo su propia supervivencia. Es el sector agrario, y especialmente el modelo social de agricultura, el que paga la factura más cara. En el modelo alimentario de las multinacionales no caben las explotaciones agrarias familiares ni la producción de carácter social.